Hace medio siglo, el 24 de marzo de 1976, comenzó en Argentina el régimen del terrorismo de Estado: se oficializó “lo que ya estaba pasando en las catacumbas de la política” y se inició la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional estuvo presidido por una junta militar, con Jorge Rafael Videla (1925-2013) como figura central. Como señalaron María Seoane y Vicente Muleiro en El dictador: Historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla (2001), Videla fue “el jefe terrorista”.

La dictadura instauró un sistema represivo basado en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Creó centros clandestinos de detención y exterminio, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida hoy en Espacio Memoria y Derechos Humanos. A ese dispositivo se sumaron prácticas como los vuelos de la muerte, lanzando a algunas víctimas desde aviones sobre el Río de la Plata, se calcula que unas cinco mil personas fueron asesinadas de esta manera. También se apropiaban de bebés nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus familias (Hasta 2024 se había recuperado la identidad de 137, y se calcula que faltan unos trescientos). El número de víctimas sigue siendo objeto de disputa, aunque los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas la cifra de 30.000.

Este fue el sexto golpe militar en la historia argentina desde 1930 y formó parte de la llamada Operación Cóndor: la acción coordinada de gobiernos totalitarios del Cono Sur para eliminar a la oposición interna. María Seoane y Vicente Muleiro explican en su libro:

“En abril de 2001 el juez Rodolfo Canicoba Corral le endilgó a ese plan la calificación de ‘asociación ilícita’ entre los jefes de Estado de varios países. Junto con Videla resultaron imputados Guillermo Suárez Mason (Argentina); Augusto Pinochet Ugarte, Manuel Contreras y Pedro Espinoza Coronel (Chile); Alfredo Stroessner, Francisco Brites y Néstor Milcíades (Paraguay); Julio Vadora, Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida (Uruguay). El juez Canicoba Corral imputó a Videla como integrante de la organización criminal pero el reo se negó a declarar una y otra vez. La querella siguió avanzando y sorteó todos y cada uno de los recursos planteados por los acusados: Videla fue bastante activo en esto. En septiembre de 2004 el juez Jorge Urso impuso a Videla prisión preventiva por 34 hechos de privación ilegítima de la libertad en torno de esas operaciones represivas coordinadas con sus pares de Latinoamérica”.

Recorrido judicial de Videla

El libro refleja la vida de un militar cuyo accionar criminal estuvo sometido “a un minué judicial, nacional e internacional, intensa pero relativamente ineficaz; también a unas pocas molestias provocadas por el rechazo popular y a un episodio de salud derivado de su vejez”. María Seoane y Vicente Muleiro señalan en su libro:

“Otra línea judicial, que resultaría central en el intento de los represores de esquivar sus responsabilidades, fue la inaugurada por el juez federal Gabriel Cavallo quien declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Videla no había sido alcanzado por los beneficios de estas normas aprobadas por el Congreso durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que liberaba a quienes no habían sido querellados por el Juicio a las Juntas de 1985 y a quienes habían atropellado la libertad y la vida humana escudándose en el cumplimiento de órdenes de sus superiores. En nuevas investigaciones sobre casos de desaparición forzada y de robo de bienes, los juzgados federales fueron insistiendo en el pedido de inconstitucionalidad hasta que consiguieron que fueran declaradas ‘insanablemente nulas’ a mediados de 2003. Esto permitió la reapertura de causas que volvieron a implicar a Videla. El 14 de julio de 2005 la Corte Suprema —reconstituida durante el gobierno de Néstor Kirchner— selló aquella declaración de inconstitucionalidad.

La conquista legal abrió las puertas de otra: anular los indultos que había dispuesto el ex presidente Carlos Menem a las juntas militares y a los jefes guerrilleros, y a militares ‘carapintadas’ que se habían sublevado en defensa de los represores durante la gestión alfonsinista. Los intentos parlamentarios por abordar este punto fracasaron pero el 17 de junio de 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decidió ‘acelerar’ la vía judicial para que fuera la Corte Suprema la que los dejara de lado. Los indultados durante el menemismo entre 1989 y 1990 son 289, entre ellos, Videla.

Otros acosos judiciales provinieron del exterior, sobre todo a partir de la acción del juez español Baltasar Garzón que en agosto de 2003 le solicitó al gobierno español que reclamara la extradición de 14 militares argentinos detenidos, entre los que se encontraban Videla y el ex jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera. Los fiscales de turno se opusieron a la petición, más aún al considerar que las anuladas leyes de Punto Final y Obediencia Debida facilitaban el juzgamiento de los represores en la Argentina. Videla acercó un escrito en el que negaba la capacidad de Garzón para ejercer justicia fuera del territorio español. A pesar de que se concretaron nuevas detenciones por el pedido”.

Últimos días y muerte del dictador

El siguiente es el prólogo al libro cuando se cumplieron 40 años del golpe militar, en 2016, que resulta esclarecedor sobre lo ocurrido con Videla:

“Sentado sobre el inodoro de su celda fría y oscura en el módulo IV del pabellón 6 del penal de Marcos Paz dedicado a los condenados por delitos de lesa humanidad, al genocida Jorge Rafael Videla lo alcanzó la diarrea de la muerte a las 6.40 del viernes 17 de mayo de 2013. Como si fuera posible definir con precisión en su último suspiro la contracara de la tragedia que propinó a sus compatriotas, el ex general impulsor y protector de la más vasta matanza de argentinos en toda la historia —ejecutada por el Estado terrorista que montó en 1976 en alianza con el hijo dilecto de la gran burguesía agroexportadora José Alfredo Martínez de Hoz—, se despidió del mundo con una diana fecal en soledad. Videla, ese hombre ya escuálido, había concentrado las tendencias ideológicas y los procedimientos represivos más terribles del país que tiranizó por asalto y por sombría y carnicera delegación de los poderes fácticos: el derrengado patriciado agroganadero, la avaricia financiera del gran capital bancario nacional y extranjero, el alto y enano empresariado criollo, el beneplácito de la embajada de los Estados Unidos, la cúpula del clero católico que le había entregado una conexión directa con su dios iracundo para que matara sin consulta y sin culpa.

El final de Videla fue el de un peón. El del patrón Martínez de Hoz, condenado también, había ocurrido en su cama mullida y cálida en el elegante Edificio Kavanagh, apenas dos meses antes de aquel 17 de mayo de 2013, cuando los guardianes del penal de Marcos Paz lo encontraron. (…) Lo cierto es que a los 87 años, Videla murió en esa cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad, preso en un penal donde jamás dejaba de asistir a las misas que oficiaba el cura condenado Christian von Wernich, que había sabido unir la espada y la cruz inquisitorial para bendecir las picanas contra el cuerpo de los detenidos, entre ellos embarazadas y adolescentes, en las catacumbas del régimen videlista. Para entonces, el dictador tenía tres condenas a cuestas, pero solo una estaba firme, y se encontraba aún procesado en otras nueve causas.

La historia de sus juicios recorrió el tormentoso camino de la dialéctica entre política e impunidad. El irrefrenable camino de la memoria, la verdad y la justicia había atravesado tres décadas entre condenas, indultos y leyes del perdón. La consigna “ni olvido ni perdón” instalada por la enorme lucha de los organismos humanitarios se había revelado no como una consigna transitoria ni una obsesión de venganza. ¿Cómo podría ser transitoria una tragedia? ¿Cómo podía ser venganza pedir justicia? Luego de la hecatombe dictatorial, la condición de la reconstrucción material de nuestro país debía ajustar cuentas con los planes, las ideas, los actos de quienes lo habían atormentado hasta desaparecer ciudadanos, robar sus bebés, encarcelarlos, torturarlos y asesinarlos. Supimos a lo largo de los años —como sostuvimos en la primera edición de este libro— que esos crímenes los habían realizado no por una presunta guerra santa contra el comunismo sino para modificar la estructura productiva y distributiva de la Argentina, es decir, lograr el reformateo de su matriz de distribución del ingreso: lograr una brutal transferencia de riqueza de los trabajadores a los más ricos. Ese fue el sentido primero y último de la matanza que encaró la dupla Videla-Martínez de Hoz.

En 2001, mientras miles de argentinos desocupados, desesperados, revolvían la basura para comer; mientras la política se sumergía en la mayor impotencia de la historia democrática, los responsables militares y civiles de haber llevado al país a su disolución gozaban del perdón oficial, de la impunidad de sus crímenes como continuación de aquel estado terrorista causal del abismo. La lucha del movimiento de derechos humanos, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de familiares de presos y desaparecidos, no se había detenido nunca.

Era la política con sus vaivenes de miseria; era el menemato con su terrible continuidad neoliberal; era la persistencia en el error aliancista de esas políticas infaustas el dique que impedía el salto al futuro, el dique que impedía que el río de la historia encontrara el cauce que posibilitara que la inundación de miseria y pasado no nos ahogara. Porque precisamente a partir del bienio 2001-2003 quedó estampada de manera indeleble la convicción de que la reconstrucción del país no podría sostenerse sobre pactos espurios de impunidad ni el saqueo sistemático del Estado. Nació así la década gobernada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de los indultos y del imprescriptible crimen del robo de bebés. Y la posibilidad de avanzar sobre la definición de que aquel golpe de Estado de 1976 había ocurrido sobre el trípode militar-civil-eclesiástico para sostener la ciudadela del terror.

Entonces ocurrió que a pesar de ser condenado a perpetua en 1985 e indultado en 1990, vuelto a detener en 1998 por el robo de bebés, el único delito que quedó fuera de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Videla perdió el derecho a la prisión domiciliaria y fue llevado a Campo de Mayo hasta la primera mitad de 2012, cuando fue definitivamente trasladado al penal de Marcos Paz. En julio de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 6 porteño, presidido por la jueza María del Carmen Roqueta, lo había condenado a 50 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés. El tribunal dijo que “esos niños nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la madre, que se los sacaron enseguida, o sea el niño nació vivo y el niño está”. En el juicio Videla integró a los niños a lógica de la “guerra”: “Muchas parturientas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al ser combatientes”. Al momento de su muerte, Videla era juzgado por los crímenes del Plan Cóndor, o plan de coordinación represiva de los países del Cono Sur. Y hasta su muerte incubó impunidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo explicó así: “De los 106 casos que comprenden esta causa, 44 no podrán ser juzgados por ser Videla el único imputado”

Otros libros sobre la dictadura argentina

A veinte años luz (1998). Elsa Osorio (Siruela).

Dos veces junio (2002). Martín Kohan (Sudamericana).

El genocidio como práctica social (2007). Daniel Feierstein (Fondo de Cultura Económica).

El vuelo. Horacio Verbitsky (La Cuarenta).

Fantasmas de la dictadura (2025). Mariana Tello Weiss (Sudamericana).

Lugar común la muerte (1979). Tomás Eloy Martínez (Alfaguara).

Nuestra parte de noche (2019). Mariana Enriquez (Anagrama).

Respiración artificial (1980). Ricardo Piglia (Anagrama).

Villa (1995). Luis Gusmán (Ediciones Contrabando).

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